Derecho San Miguel (5)

Los factores criminológicos que inciden en la delincuencia

Los factores criminológicos que inciden en la delincuencia juvenil: un análisis comparativo entre los municipios de El Tránsito, Alegría y Suchitoto


Investigadores:
Rodolfo Guillermo Araniva Gómez
Miguel Antonio Flores Castro

La sociedad salvadoreña está inmersa en una profunda crisis social, manifestada en diversas formas, entre ellas por ejemplo: la extrema pobreza, la desintegración de la familia, y la emigración, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Todas ellas constituyen juntas o de forma separada, graves detonantes de la criminalidad en sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, dada la complejidad que el tema de la criminalidad presenta, resulta importante a fin de presentar una explicación racional y objetiva de la misma, abordarla por estratos o segmentos, dado que por su naturaleza es posible tal segmentación; por ello, puede afirmarse que, dentro de esa estratificación de la violencia que provoca, la delincuencia juvenil constituye uno de los factores de desestabilización social más importantes. Sin embargo, a pesar que existen muchos estudios que abordan el tema en referencia, muy poco se ha dicho y escrito sobre la experiencia de municipios que reflejan similares condiciones de vida social, cultural, política y espiritual, y no presentan graves índices de delincuencia juvenil.

A partir de lo anterior, el presente trabajo constituye un esfuerzo dirigido a realizar un análisis comparativo de tres ciudades que pertenecen a departamentos diferentes, con cualidades más o menos similares, y en donde los índices de violencia no varían no obstante dicha similitud. Encontrar y explicar las razones y causas que producen tales hechos llevó al equipo investigador a realizar una labor de campo en los municipios de El Tránsito en el departamento de San Miguel, Alegría en el departamento de Usulután, y Suchitoto en el departamento de Cuscatlán. Los resultados encontrados son los que a continuación se presentan, y que dan sustento a la teoría a que se hace referencia en el marco teórico del presente trabajo.

Para acercarse a la realidad planteada, el equipo investigador se preocupó por conocer in situ en el entorno social, cultural, económico y político de los municipios de Suchitoto, Alegría y El Tránsito; ello permitió no sólo conocer las particulares que sobre dichos aspectos tiene cada municipio, sino además, el conocer las diferencias que dichos entornos presentan y que influyen de forma directa o indirecta en el problema de la violencia juvenil. Esas diferencias surgieron precisamente al realizar una comparación de las manifestaciones del fenómeno de la delincuencia juvenil en los municipios en estudio, así como de los factores endógenos y exógenos que inciden favorable o desfavorablemente en su gestación y desarrollo.

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Análisis sobre la reforma procesal penal en El Salvador

Análisis sobre la reforma procesal penal en El Salvador: motivos que orientan la creación de los tribunales especializados

Investigador: Juan Carlos Paz Hernández

RESUMEN

La investigación sobre el análisis sobre la reforma procesal penal en el salvador: motivos que orientan la creación de los tribunales especializados, pretende establecer la efectividad de las medidas impulsadas por parte del gobierno central a partir del establecimiento de medidas y programas de prevención del delito, y por tal razón, con el presente estudio se pretende establecer si existen políticas públicas claramente definidas para abordar la violencia y la criminalidad y, de igual forma, si las medidas tomadas por el poder ejecutivo y el poder judicial son eficaces en ese cometido. En ese mismo orden, se hará de manera puntual, un análisis sobre los tribunales especializados, determinando si su creación obedece a criterios generados a partir de una política criminal clara o, por el contrario, son producto de un proceso político o una verdadera respuesta al problema de la delincuencia. Como epílogo se plantean una serie de conclusiones y propuestas obtenidas a partir del análisis de la información recolectada con el objeto de potenciar y generar el debate sobre la temática investigada.

Esta propuesta de investigación se constituye como una invitación para producir un debate serio sobre el estudio de los instrumentos con los que actualmente se está enfrentando la problemática de delincuencia común y organizada. El abordaje inicia tomando en cuenta que el problema de delincuencia (común y organizada) y la inseguridad ciudadana que aturde constantemente a la sociedad salvadoreña es una de las mayores prioridades que se le exigen al actual gobierno y, tal como se exigió a los anteriores.

La mayor parte de estudios especializados que se han realizado para analizar la situación del país ponen de relieve que la violencia y la inseguridad constituyen uno de los problemas más prioritarios que deben ser enfrentados. Partiendo de lo anterior, la presente investigación pretende establecer la efectividad de las medidas impulsadas por parte del gobierno central a partir del establecimiento de medidas y programas de prevención del delito, y por tal razón, con el presente estudio se pretende establecer si existen políticas públicas claramente definidas para abordar la violencia y la criminalidad y, de igual forma, si las medidas tomadas por el poder ejecutivo y el poder judicial son eficaces en ese cometido

Introducción

El tema en estudio es de una actualidad evidente (al menos en nuestro medio jurídico social), debido a que el mismo, responde a las exigencias de seguridad ciudadana planteadas en los medios de comunicación, es decir, tienden a responder a imperativos (supuestos algunos) que hagan más efectivas las medidas gubernamentales en materia de seguridad ciudadana, en respuesta a los altos índices delincuenciales, generadores de inestabilidad social, y a los que se trata de responder a partir de medidas jurídico penales represivas. Conforme a lo anterior, buscaré identificar las distintas teorías jurídicas que justifican o cuestionan las medidas represivas en materia penal en el control de la delincuencia, pero sobre todo, establecer si estas medidas resultan eficaces para la realización de esta finalidad. Trataré de fortalecer y de llenar los posibles vacíos en el marco legal e institucional a fin de proponer nuevas formas o mecanismos jurídicos que aporten posibles soluciones a la problemática de la delincuencial social y organizada que abate a la sociedad salvadoreña. También el estudio busca dar a conocer si las medidas adoptadas en materia penal son efectivas en el control de la criminalidad, sobre todo, lo concerniente a la creación de los tribunales especializados.

Los objetivos que guiaron esta investigación fueron:

  1. Identificar si las medidas jurídicas e institucionales como la creación de los Tribunales especializados en materia penal, se constituye herramientas para el control de la delincuencia.
  2. Identificar las bases teóricas en las que se sustenta el actual tratamiento y control del crimen organizado por parte del Gobierno Salvadoreño
  3. Identificar si los instrumentos creados han resultado efectivos o en su defecto disuasivos de la criminalidad organizada
  4. Elaborar propuestas de solución teórica y jurídica sobre la problemática analizada.


Materiales y Métodos

La metodología para realizar el estudio parte de dos enfoques: el interaccionismo simbólico y el hermenéutico. Tomo como parámetro una de las categorías del interaccionismo como lo es el estudio sobre el significado de los símbolos a partir de la observación de un fenómeno y además el análisis documental (método de documentación) se ejecutó la investigación a partir del análisis de notas periodísticas, informes sobre política criminal y derechos humanos, artículos de revistas especializadas y de algunos programas de prevención general en materia de políticas públicas planteadas por el gobierno central anterior y el actual.

Se estudian las diferentes herramientas jurídicas e institucionales que se han creado para hacer frente a los índices de criminalidad que se presentan en el país, de forma puntual la LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 26/04/2006 publicada el 25/05/2006; LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACIÓN COMPLEJA 20/12/2006 publicado 22/01/2007 y el decreto de creación de los tribunales especializados.

Tomo en cuenta estos componentes por considerarlos las herramientas a partir de las cuales se han configurado los diferentes programas de combate de la delincuencia a partir del año dos mil seis hasta la fecha y porque representan la orientación que el gobierno de El Salvador como parte de los programas orientados para la represión de las conductas ilícitas relacionadas con las mismas.

Con relación a la interpretación hermenéutica, con el objeto de obtener criterios conceptuales objetivos se utilizó el análisis de contenido de notas periodísticas, informes especializados como los provenientes de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” UCA, Informes preparados para la Unión Europea entre otros, también se analizan programas de gobierno e interpretan textos doctrinarios y legales sobre el tema.

Tipo de Estudio:
Descriptivo, permitió una comprensión de la realidad social, desde los distintos textos estudiados, y ayudó a propiciar una comparación del fenómeno desde las perspectivas de las condiciones y estilos de vida de los informantes.

Muestras

Se seleccionó los diferentes textos legales que se utilizan en la lucha contra la delincuencia organizada y que dieron origen al decreto de creación a los tribunales especializados. Metodología para la recogida de datos

La información documental se obtuvo por medio de la revisión y selección de textos legales, en páginas electrónicas y en bibliotecas públicas y privadas. Metodología para la redacción y validación de los instrumentos de investigación Los instrumentos se elaboraron de acuerdo a los objetivos del estudio y su contenido fue revisado y validado por algunos expertos. ANÁLISIS DOCUMENTAL

Comprende la regulación y selección de los diferentes medios de información recolectados: Entrevistas periodísticas, boletines, esquemas, discursos (el del embajador de EEUU), la replica que de éste hicieron los medios comunicación nacionales.

Resultados

Es común escuchar en los medios de comunicación social, que en materia de política criminal El Salvador tiene una cuenta pendiente. De hecho, el debate se ha centrado en la determinación de llamar a los procesos de criminalización: política criminal, característica que parece ser común en los países del istmo centroamericano.

En El Salvador, después de firmados y cumplidos en su mayor parte los Acuerdos de Paz, se generaron una serie de propuestas de criminalización bajo el lábaro de ser parte de política criminal, es decir, la aplicación sistemática del castigo estatal como forma idónea para hacer frente a los procesos de violencia social que impera en el país. El objetivo principal no ha sido la identificación de las causas de la criminalidad someterlas a juicio público, sino más bien, las formas de combatir desde el derecho penal y penitenciario, esos procesos de criminalización. La corrupción y las diferencias políticas e ideológicas, hacen de la delincuencia un bastión a explotar para efectos electorales.

La circunstancia antes descrita deja en evidencia la falta de una política criminal delimitada teórica e institucionalmente, incluso en la actualidad, el debate se reaviva constantemente durante los procesos electorales, y en los que se utiliza un discurso a partir del aumento de sanciones de naturaleza penal, ejemplo de ello lo constituyen las propuestas de los candidatos presidenciales en las elecciones del año 2009 en las que no se establece de forma clara la delimitación de una política criminal, de hecho, el Ex Director de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda reconoció la ausencia de procesos de reinserción social efectivos, ausencia de procesos de readaptación de los condenados al tejido social, en términos más precisos: planteó la falta de una política criminal definida por parte del Gobierno.

Debe aclararse que, a pesar de la ausencia de una política criminal clara, sí es posible identificar algunos programas concretos que, a pesar de ser ejecutados como componentes aislados, constituyen auténticas medidas represivas desde el derecho penal.

Sobre este punto, Gino Costa realizando un análisis comparativo entre las políticas estatales y otras medidas de carácter local que se ejecutaron por la Municipalidad de Bogotá capital de la República de Colombia y las ejecutadas en la ciudad de Nueva York, señala que en estas ciudades, las políticas y programas impulsados, fueron apoyados financieramente y proyectando dicha inversión en los proyectos realizados; a diferencia de El Salvador los programas “mano dura” (esbozados como políticas criminales).

El Salvador es un país violento y se encuentra entre los países más violentos del mundo. Esta violencia se manifiesta de muchas maneras, con el homicidio como la más evidente y extrema. Durante el período comprendido entre los meses de enero y junio del año 2009, se registraron 11.8 homicidios por día, el valor más grande desde el año 2003. A partir del mes de julio de ese mismo año el número de homicidios se incrementó hasta alcanzar un record histórico de 18 por día, lo que condujo a un cierre anual realmente espeluznante: 12 crímenes diarios y un gran total de 4,365 muertes, una cifra que no tenía precedentes desde que empezó a llevarse un registro sistemático de los crímenes en el país. Para fines de 2009 y principios de 2010, la cifra diaria de crímenes había ascendido a 13. Comparado con el año inmediato anterior, 2009 cerró con 37.3% de incremento en asesinatos.” La Fiscalía General de la República en su memoria de labores comprendida en período de Junio 2008 a Mayo 2009, detalla un promedio “10 homicidios intencionados con resultado de muerte cada día, sin embargo, al considerar los meses de manera individual se tiene que el mes de Mayo de 2009 es un máximo al haberse contabilizado en promedio 12.4 homicidios diarios; por otro lado el mes con menor promedio diario de homicidios fue Septiembre 2008 registrándose en 7.9 muertes diarias

REFERENCIAS CONSULTADAS

  • Gino Costa. La Ventana Rota y otras formas de luchar contra el crimen. Instituto de Defensa Legal – Área de Seguridad Ciudadana. Primera edición, noviembre 2007. El trabajo se realizó gracias al apoyo de Open Society Institute. Fuente: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/11-04/La_Ventana_Rota.pdf
  • José HurtadoPozo, Manual de Derecho Penal – Parte General. 2da. Edición, Editorial EDDILI. Lima. 1987. 640 págs.
  • Política Criminal y Sistema Penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas / Iñaki Rivera Beiras (Coord.) (Barcelona) Anthropos Editorial; Barcelona. Primera Edición. 2005.
  • Texto Electrónico sobre el Programa de Formación Especializada. Diplomado en Criminología y Justicia Penal Juvenil. Teorías y Corrientes Criminológicas. San Salvador Agosto 2008. Profesor: Dr. Douglas Durán Chavarría y Rafael Armando Rivas Ordoñez (Sistematizador)


Periódicos Consultados:

  1. El Diario de Hoy
  2. El Faro
  3. La Prensa Gráfica


Revistas electrónicas consultadas:

  • Envío Digital: http://www.envio.org.ni/ 2. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología: http://criminet.ugr.es/recpc/ Informes: 1. ANÁLISIS DEL IDHUCA SOBRE LA “LEY ANTI MARAS” Y PROPUESTA DE REFORMAS. San Salvador, El Salvador, agosto del 2003. Informe obtenido del sitio de web del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” UCA. Fuente: http://www.uca.edu.sv/publica/idhuca/leymaras.pdf
  • BERNARDO KLIKSBERG. “MITOS Y REALIDADES SOBRE LA CRIMINALIDAD EN AMERICA LATINA. Algunas anotaciones estratégicas sobre cómo enfrentarla y mejorar la cohesión social. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 2007 Documento preparado para UNION EUROPEA-EUROSOCIAL” Fuente: http://www.nuso.org/upload/seguridad/Kliksberg.pdf
  • Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2008. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. Programa Estado de la Nación (Costa Rica) Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible un informe desde Centroamérica y para Centroamérica / Programa Estado de la Nación. – San José C.R.: Estado de la Nación, 2008. Primera edición: Setiembre 2008 Diseño y diagramación: Erick Valdelomar NG Cubierta: Erick Valdelomar NG www.neografica.net
  • Propuestas para el Combate Integral de la Delincuencia en El Salvador. Informe elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. San Salvador, Febrero de 2010. Fuente: http://www.camarasal.com/pub/pdf/propuestas_para_el_combate_de_la_delincuencia.pdf.

 

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La protección legal e institucional de los menores de edad

La protección legal e institucional de los menores de edad en la Ciudad de San Miguel por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia


Investigador:
Juan Carlos Paz Hernández


RESUMEN

La investigación sobre la protección legal e institucional de los menores en la ciudad de San Miguel por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia pretende identificar si la institución antes relacionada, cumple con el mandato legal para el cual fue creada, específicamente en lo concerniente a la protección integral de los menores, tomando en cuenta las facultades que a dicha institución le fueron otorgadas en el ordenamiento jurídico; en ese orden, el estudio permitiría determinar la necesidad de fortalecer esta entidad desde una perspectiva legal, financiera y técnico administrativa. Esta investigación trata de fortalecer y de llenar los posibles vacíos en el marco legal e institucional a favor de la niñez y la adolescencia ante la vulneración de los derechos de las niñas y los niños de nuestro país y principalmente, como ya se señaló, determinar si el caso ocurrido en un centro de resguardo de menores en la capital es aislado o presenta matices distintos en la ciudad de San Miguel. Por tal razón, el estudio permitiría conocer si el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, cumple a cabalidad la política estatal de la tutela de los menores en desamparo y de aquellos que, en un momento determinado, peligre su seguridad por la violación de alguno de los derechos reconocidos en nuestra normativa nacional e internacional; pero además, busca identificar si dicha política está acordé a la realidad actual que vive nuestro país.

Introducción

Este texto tiene como propósito central sensibilizar a los diferentes actores sociales de nuestra comunidad respecto a la problemática del respeto a los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes, y además para tratar de buscar la comprensión por parte de los distintos sectores que se ven involucrados, desde los sociales, los institucionales hasta los individuales, con el interés de posibilitar una adecuada identificación y respeto de los derechos los menores de edad, sobre todo, la generación de acciones de control del Estado y de la misma población a través de la exigencia y vigilancia permanente de las instituciones del Estado o las encargadas de la tutela de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es importante aclarar que el estudio parte desde la perspectiva de la tutela de los derechos de los menores a partir de un ámbito administrativo, por lo que no se realiza un enfoque desde la visión del derecho penal de menores, al que sólo se harán alusiones genéricas.

La actividad pasiva de las Instituciones del Estado no puede quedar al margen frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolecentes sobre todo, porque una de las acciones más relevantes en favor de la infancia y la adolescencia fue la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de El Salvador , y todos los países del continente americano. En ese orden, con la entrada en vigencia de esta normativa internacional, se inicia un movimiento no sólo en El Salvador, sino también en la región latinoamericana para la operacionalización de la Convención, por medio de adecuaciones en las legislaciones nacionales, en la tentativa de crear un eficiente y eficaz sistema de garantía de derechos capaz de promover cambios culturales, sociales y políticas en favor de la infancia y adolescencia.

Los objetivos que guiaron esta investigación fueron:

  1. Identificar si el Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia cumple en la ciudad de San Miguel con las atribuciones legales concernientes a la protección integral de las y los niños y niñas.
  2. Establecer si el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, cumple a cabalidad la política estatal de la tutela de los menores de edad en desamparo y de aquellos que, en un momento determinado, peligre su seguridad por la violación de alguno de los derechos reconocidos en nuestra normativa nacional e internacional.
  3. Identificar la política en materia de tutela de los derechos de los menores de edad cuenta con el apoyo gubernamental para hacer más efectiva la labor del Instituto.
  4. Identificar las posibles causas generadoras de amenaza o violación de los derechos de los menores de edad en la ciudad de San Miguel.
  5. Elaborar propuestas de solución a partir de las causas generadoras de amenaza o violación de los derechos en los menores de edad de la Ciudad de San Miguel.


Materiales y Métodos

El estudio se realizó a partir de dos enfoques: el interaccionismo simbólico, permitió una interpretación del fenómeno a investigar, a partir del acercamiento al hecho social en estudio, asimismo interactuar de forma más cercana, con los actores vinculados a la investigación. Con este enfoque se logró, reconstruir a partir de un lenguaje propio, una descripción más adecuada del objeto de estudio y, permitió además, una interpretación de los conceptos y razonamientos empleados por los sujetos conocedores de la problemática, y la hermenéutica, permitió una comprensión de la realidad social, desde los distintos textos estudiados, y ayudó a propiciar una comparación del fenómeno desde las perspectivas de las condiciones y estilos de vida de los informantes.

Para el caso de las muestras se seleccionó a funcionarios públicos con aptitudes e idoneidad necesarias para brindar la información. Para la búsqueda de un mayor rigor conceptual se utilizó el análisis de contenido de entrevistas y notas periodísticas sobre el tema; de la misma forma, se realizó un análisis de textos con leyes relacionadas a la niñez; así como de estudios especializados sobre el tema elaborados por universidades y fundaciones, además de informes institucionales, sobre todo los de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos; por último, se realizó un análisis de las entrevistas efectuadas a los especialistas seleccionados. La información documental se obtuvo por medio de la revisión y selección de textos legales y resoluciones administrativas en bibliotecas públicas y privadas.La información relacionada con las guías fue obtenida por medio de entrevistas a personal con experiencia profesional en el manejo y estudio del tratamiento de la tutela de los derechos de los menores de edad. Los instrumentos se elaboraron de acuerdo a los objetivos del estudio y su contenido fue revisado y validado por algunos expertos. Los datos obtenidos en las entrevistas fueron analizados atendiendo a las dimensiones del estudio.

Resultados

Si bien la violación de los derechos de los menores es multi causal, es decir, obedece a una serie de factores que se interrelacionan entre los que se destacan los sociales, familiares y económicos entre otros. Sin embargo, conforme los datos obtenidos en la investigación, se pueden identificar, entre otras, las causas siguientes:

CAUSAS DE ORDEN INSTITUCIONAL
Aislamiento institucional por parte del ISNA, promoviéndose más como una institución auditora que como un ente especial en materia de tutela de derechos de los menores de edad. Esto ha generado, que el Instituto decante sus obligaciones en otras entidades públicas o privadas relacionadas con el tratamiento y cuidado de los menores de edad.
Incumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden al ISNA, debido a precarias dotaciones presupuestarias, lo que ha generado un problema, que va, desde la asignación de múltiples obligaciones y mecanismos de protección legal de los menores de edad, pero sin recursos humanos y materiales suficientes que hagan viable el cumplimiento de éstos.
La falta de apoyo presupuestario e institucional por parte del gobierno central, no ha permitido crear los centros adecuados para la atención de aquellos menores en situación de riesgo o de violación evidente de sus derechos. Tal como confirmó la investigación, en la ciudad de San Miguel, no existen Centros Reeducativos ni de atención a los menores de edad, únicamente existen Centros de Resguardo administrados por entes privados, en los que incluso, existe una ausencia de apoyo por parte del ISNA para la ejecución de proyectos en beneficio de los menores y de aquellos que requieran un tratamiento especial, incluso la supervisión de los centros de resguardo que realiza el ISNA es deficiente, generalmente no realizan un control y supervisión adecuado de los centros de resguardo.
Si bien de manera legal y formal existe una política de atención de la niñez y la adolescencia, esta no cuenta con el apoyo presupuestario necesario para atender los problemas de la niñez; la falta de fortalecimiento del ISNA demuestra la poca voluntad que existe a nivel gubernamental de crear una política amplia y permanente de protección integral de los menores de edad. Esta situación ha generado que el ISNA no se desarrolle como entidad autónoma y sea dependiente de entidades que tienen una incidencia accesoria a las funciones de tutela encomendadas al Instituto, así por ejemplo, la formulación de la política de la niñez y la adolescencia la estructura la Secretaría Nacional de la Familia, sin participación directa del ISNA.
La omisión por parte del ISNA de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño como instrumento rector, tanto de la política de la infancia como de las herramientas legales e institucionales necesarias para la tutela integral de los menores de edad.

REFERENCIAS CONSULTADAS

  • Campos V, Oscar A. et al., (1998) Justicia Penal de Menores. Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia (ARSJ/UTE) San Salvador.
  • Código de Familia (2003). Art. 347
  • Código de Trabajo (2005). Arts. 114 al 117
  • Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Artículo 3 Párrafos 2 y 3.
  • Diario Oficial N° 108 Decreto Legislativo N° 487 del 27/04/1990, publicado el 09/05/1990.
  • Diario Oficial N° 63 Tomo: 318 Decreto Legislativo No: 482 publicado el 11/03/1993, publicado el 31/03/1993.
  • Diario oficial Nº 63, tomo 318 Decreto Legislativo Nº 482 de fecha 11 de marzo de 1993.
  • Informe sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador (2004).
  • Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (1993) Art. 4 literales “b” y “d” Mora A, José A. (2002).
  • Derecho Penal y Procesal de Menores (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios). Edita Tirant Lo Blanch. Secretaría Nacional de la Familia (2000).
  • Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia. El Salvador.
  • Segundo Informe sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador (2007) San Salvador. http://www.laprensagrafica.com/index.php/el salvador/social/2-social/3039--el-isna-calla-sobre-muerte-para-no-entorpecer.html

 

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Reapertura del Puerto de La Unión

Reapertura del Puerto de La Unión y su impacto en los municipios de La Unión, Meanguera del Golfo y Conchagua: un análisis desde la perspectiva del derecho al desarrollo local como un derecho humano



Investigadores:
Melvin Iván Espinal

Juan Carlos Paz Hernández

RESUMEN

Según el Órgano Ejecutivo, la reapertura del Puerto de La Unión será una fuente de desarrollo, no solo para los pobladores aledaños sino para toda la Zona Oriental, en ese sentido, el proyecto constituye una de las fuertes apuesta del gobierno actual de cara al siglo XXI. En este orden de ideas, la extrema pobreza, la marginación social, el desempleo, entre otros factores, merecen especial atención. Los municipios de Conchagua, La unión y Meanguera del Golfo no escapan a estos éstos factores, por tal razón los actores mediatos e inmediatos deben de adoptar una serie de medidas que varían desde planes estratégicos hasta programas de desarrollo que permitan a éstos, mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en los territorios sobre los cuales ejercen jurisdicción

Introducción

La investigación realizada reapertura del Puerto de La Unión Y Su Impacto en los Municipios de La Unión, Meanguera del Golfo y Conchagua: Un Análisis Desde La Perspectiva Del Derecho Al Desarrollo Local Como Un Derecho Humano, este proyecto de investigación comprende un estudio analítico sobre la construcción del Puerto de La Unión y su incidencia en el derecho al desarrollo local desde la perspectiva de los derechos humanos de los pobladores de los municipios de La Unión, Conchagua y Meanguera del Golfo; en ese sentido, se pretende conocer el impacto que el referido proyecto ocasionará en los lugares relacionados desde la perspectiva antes relacionada. Se proyecta además, llegar a establecer algunas conclusiones y recomendaciones que servirán de apoyo a los diferentes gobiernos locales para que contribuyan eficazmente al desarrollo integral de sus pobladores. El estudio consistió en indagar El Mecanismo Para Agilizar El Otorgamiento De Los Beneficios Penitenciarios En El Centro De Cumplimiento De Penas De La Ciudad De San Miguel. Los objetivos que guiaron esta investigación fueron: 1. Analizar desde la perspectiva de la Constitución y la normativa secundaria los impactos que generará la reapertura del puerto de La Unión, en el derecho al desarrollo local como derecho humano en los municipios aledaños al Puerto. 2. Identificar las principales instituciones a las que les compete velar por el cumplimiento del derecho al desarrollo local de los pobladores aledaños al Puerto de La Unión. 3. Identificar los programas de desarrollo local que implementan los gobiernos municipales y los actores directos e indirectos vinculados al logro de mayores alternativas para los habitantes aledaños al nuevo Puerto de La Unión.

Materiales y Métodos El método utilizado fue de naturaleza descriptiva pues con la información colectada a través de indagación documental, entrevistas enfocadas y visitas in situ se procuró señalar la concepción, planificación, organización y ejecución de las categorías derecho al desarrollo y desarrollo local. La población estuvo constituida por Funcionarios de instituciones públicas, y de ONG´s del municipio de La Unión.

El muestreo Se realizó un muestreo de juicio basado en la relación de los sujetos con actividades vinculadas a proyectos de desarrollo municipal. Recolección de lo datos. Se empleó como técnica fundamental la entrevista enfocada y, como técnicas de apoyo la indagación documental y la observación. Instrumentos Guía de encuesta: Se diseñó una guía de entrevista semi estructurada sobre los distintos indicadores obtenidos de las variables de interés, en donde se procedió a la recolección de los datos de las personas sujetas de estudio, la información se transcribió y se codificó utilizando colores, para ser organizada en categorías basándose en los objetivos de la investigación.

Resultados

El derecho al desarrollo local está reconocido en nuestra normativa jurídica interna como derecho humano fundamental. Esta conclusión fue lograda, a partir del estudio minucioso de la Constitución de la República y el Código Municipal, además de los análisis teóricos sobre la clasificación de los derechos fundamentales, sobre todo, la clasificación de éstos, desde su forma de constitución, según la cual, pueden ser explícitos e implícitos. Estamos ante los primeros, cuando su enunciado formal en la constitución se produce mediante normas expresas. Ejemplo: el Art. 2 de la Constitución de la República. En los implícitos, el enunciado formal de la norma no contempla expresamente el derecho, pero se puede desprender de su contexto axiológico o del contenido material de la Constitución. Conforme a lo anterior, la comprensión del derecho al desarrollo local, está configurado como un derecho implícito de lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 101,117 inc. 1°de la Constitución de la República.

Las consecuencias jurídicas que de dicho reconocimiento devienen, conllevan la obligación del Estado de establecer formas de tutela para garantizar el ejercicio de este derecho. La falta de un sistema o de un conjunto de instrumentos jurídicos, para la protección de los derechos fundamentales que sean eficientes, deben estar bajo la tutela de órganos independientes e imparciales, de lo contrario, las declaraciones de derechos serán orientados a una regulación simplista de los mismos, sin que pueda establecerse la posibilidad de un control de la actividad del Estado en la protección y promoción de este derecho. Las formas de tutelar este derecho por parte del Estado central o municipal, deben estar configuradas, para evitar la violación del mismo, desde el establecimiento de modelos de desarrollo que fomenten como prioridad máxima la dimensión humana. Nuestra Constitución de la República en su Art. 1 reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Ese reconocimiento, implica, que cualquier actividad estatal debe configurarse desde la inclusión y respeto de aquellos valores más elementales del ser humano. En ese sentido, todo modelo de desarrollo no debe hacer caso omiso, de las consideraciones de tipo sociales, culturales y políticos sobre el desarrollo humano. Por ello, un modelo de desarrollo incluyente, debe partir precisamente, del reconocimiento de las consideraciones antes relacionadas, por ser estas indivisibles: no podemos hablar de desarrollo, mientras no se solucionen las condiciones económicas y sociales de vida de la población. Caso contrario, se fomentará la desigualdad social

Los gobiernos municipales no hacen uso de las herramientas jurídicas reconocidas en el Código Municipal: cabildos abiertos y las acciones populares (consultas populares), que se constituyen como instrumentos esenciales para la consolidación de una sociedad democrática y participativa, sobre todo en decisiones como la determinación de establecer un desarrollo integral desde sus propias características: sociales, educativas, culturales etc.

REFERENCIAS CONSULTADAS

  • Arroyo, Daniel. Desarrollo Local; Políticas Sociales Municipales y Modelos de Planificación en la Argentina. Ediciones Ciccus La Crujía. Abril 2001. Argentina.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 164. Disponible en: URL. Disponible en: URL http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf.
  • Plan de Gobierno 2004-2009 “Plan de Trabajo”: Creación del Programa Presidencial “Plan de Nación”.
  • Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. La autonomía municipal en El Salvador, como una de las formas organizativas de la función administrativa. San Salvador, El Salvador 1972. Corte Suprema de Justicia Biblioteca Judicial "Dr. Ricardo Gallardo" Edición Electrónica.
  • Villar, Alejandro. La dimensión política de desarrollo local. Reflexiones a partir de la experiencia Argentina. Disponible en: URL http:// www.desarrollolocal.org/documentos/nuevos_docs/Villar_Dimension_pol_DL.pdf Pag. 12.

 

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Penitenciarios en el Centro de Cumplimiento de Penas de la Ciudad de San Miguel


Investigador: Rodolfo Guillermo Araniva Gómez

RESUMEN

La Constitución salvadoreña señala en el artículo veintisiete cuales son los fines de la pena, sin embargo desde hace ya bastante tiempo y no obstante el haber superado la concepción de que la misma no debe tener carácter retributivo, existe una marcada influencia de dicha teoría que resguardan a los que se les imputa la comisión de un ilícito penal o a los que ya han sido condenados por habérseles comprobado judicialmente su participación.

Partiendo del supuesto anterior, este estudio intenta profundizar sobre un tema que hasta el momento no ha sido abordado con los criterios técnicos y jurídicos que él mismo demanda, lo que le imposibilita que cumpla con el objetivo para el que fueron creados. La idea central en torno a la que gira la problemática planteada se puede definir así: que el beneficio de la libertad condicional anticipada se encuentra regulado en el código penal y la ley penitenciaria de prisión mayores de tres años y las cuales se complementan con el Reglamento General de la Ley Penitenciaria; sin embargo dicho beneficio no es otorgado con la prontitud que debería, contradiciendo así los fines de readaptación y resocialización que dentro del sistema democrático y de un régimen progresivo se persiguen.

Introducción

La investigación realizada con internos condenados y recluidos el centro de cumplimiento de penas de la ciudad de San Miguel aporta elementos de juicios sumamente importantes que deben tomarse en cuenta si lo que se persigue es preparar a los internos para su vida en libertad. Por la naturaleza de la misma, fue realizada bajo condiciones de extrema cautela, dado que el acceso a los internos y a algunas autoridades fue siempre un obstáculo, bajo el argumento de las "políticas de la institución", no obstante ello, la información que se obtuvo alcanzó para poder desvanecer la idea original de plantear un nuevo mecanismo para otorgar el beneficio en estudio. De hecho, una de la conclusiones mas importantes que el lector podrá encontrar, es el referido a que el procedimiento establecido en la ley en bastante aceptable y que por lo mismo no vale la pena sustituirlo; lo que se debe de hacer gira en torno a dos aspectos muy importantes: uno, referido a las instituciones que administran los centros, en el sentido de dotar de una mayor cantidad de personal técnico y de recursos a los mismos para que puedan asistir a los internos, de forma tal que los expedientes únicos se mantengan constantemente actualizados y un segundo aspecto, dirigido al personal técnico, para que realicen sus funciones con la mayor agilidad posible de forma tal que los internos condenados por diferentes ilícitos penales, tengan desde el momento de la ejecutoria de la sentencia, el programa de tratamiento que deben de seguir.

El estudio consistió en indagar El Mecanismo Para Agilizar El Otorgamiento De Los Beneficios Penitenciarios En El Centro De Cumplimiento De Penas De La Ciudad De San Miguel. Los objetivos que guiaron esta investigación fueron: 1.Proponer un mecanismo que permita agilizar el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional anticipada en el centro de cumplimiento de penas de la Ciudad de San Miguel.2. Identificar la cantidad de internos a quienes se les otorgan los beneficios de la libertad condicional anticipada en el Centro de Cumplimiento de Penas de la ciudad de San Miguel. 3. Describir las causas que impiden que los internos condenados gocen del benéfico de la libertad condicional anticipada en forma eficaz y oportuna en el Centro de Cumplimiento de Penas de la ciudad de San Miguel. 4. Analizar los obstáculos legales y administrativos que enfrentan los reos aptos para gozar del beneficio de la Libertad Condicional Anticipada en el Centro de Cumplimiento de Penas de la ciudad de San Miguel.

Otro aspecto sobre el que vale la pena centrar la atención, es el que se refiere al hecho que tanto los equipos técnicos como los consejos criminológicos regionales consideran que un interno para gozar del la libertad condicional anticipada debe de encontrarse en la fase de confianza, consideración que resulta ilegal e inclusive arbitraria, ello en virtud que tanto la el código penal como la Ley penitenciaria establecen los procedimientos para el otorgamiento de dicho beneficio, y en ellos no se hace alusión alguna a la ubicación del interno en dicha fase para gozar del beneficio aludido.

Materiales y Métodos

Para la realización de la investigación con enfoque cuantitativo que se desarrollo es de tipo descriptivo, Se utilizó el método científico con características analíticas y descriptivas para conocer la situación problemática tal como se presenta. Población y muestra

La población estuvo constituida por todos los internos condenados que han cumplido con la mitad de la condena en el Centro de Cumplimiento de Penas de la ciudad de San Miguel.

Muestreo

Todos los reos condenados que cumplían con la mitad de la condena y con el resto de requisitos que la ley establece para la obtención de dicho beneficio.

Criterios de selección de la muestra
Haber cumplido la mitad de su condena.
Tener buena conducta en el centro.
Asistir a capacitaciones laborales.
Desarrollar actividades laborales.
Cumplir con la educación básica y/ o bachillerato.
Asistir a charlas de tipo psicológicas.

Recolección de lo datos

Técnica documental: esta consistió en la revisión de textos jurídicos (teorías, doctrina) relacionados con la problemática, reportes de prensa, revistas. Técnica de campo: Se interactuó con las personas que fueron parte de la investigación, por medio de encuesta.

Instrumentos Guía de encuesta: se administró a los internos condenados, en ella se consignaron una serie de preguntas para determinar la calidad procesal en la que se encontraban, los años de la condena, sus conocimientos sobre el beneficio de la libertad anticipada, básicamente los requisitos que debe reunir, el procedimiento ante quien se solicita y si el mismo es ágil y oportuno y, conocer si habían sido evaluados por los profesionales del Centro y si conocían a los miembros del Consejo Criminológico Regional, en donde se procedió a la recolección de los datos de las personas sujetas de estudio, la información se transcribió y se codificó utilizando colores, para ser organizada en categorías basándose en los objetivos de la investigación.

Resultados

La entrada en vigencia de la Ley Penitenciaria en abril de mil novecientos noventa y ocho y de su Reglamento General en el año dos mil presuponen una adecuación de la legislación penal en el ámbito de la ejecución de la pena acorde con los postulados prescritos en el artículo veintisiete de la Constitución salvadoreña, pues establecen una serie de principios y procedimientos coherentes con la finalidad de la pena en un Estado que dice llamarse democrático de derecho, que rodean al condenado por un ilícito penal de una serie de garantías que de cumplirse posibilitan la readaptación del mismo en beneficio personal y de la comunidad a la que regresará una vez cumplida la sanción impuesta. Una de la novedades que la ley en mención presenta se refiere a los beneficios penitenciarios que tal como se definen son mecanismos o instrumentos jurídicos utilizados por razones humanitarias o de conveniencia social, que sirven para evitar o reducir la pena de prisión, mediante la suspensión o interrupción de la ejecución de la misma, por un determinado período de prueba, que pueden ser aplicados por la autoridad judicial competente a favor de las personas condenadas a cumplir una pena de prisión, siempre que se reúnan determinados requisitos y se cumplan determinadas condiciones, establecidas previamente en la ley de manera clara y exhaustiva. Al inicio de la investigación, se creía que los Consejos Criminológicos Regionales deberían de desaparecer a efecto de darle un mayor dinamismo al otorgamiento de los beneficios penitenciarios, existía una marcada tendencia a creer que este organismo administrativo de la ley penitenciaria era demasiado burocrático; situación que la final de la investigación pudo ser comprobado, por lo que dichos organismos deben ser eliminados a fin de agilizar el otorgamiento de dicho beneficio.

REFERENCIAS CONSULTADAS

  • Blanco, Edwar Sidney Y Membreño, José Ricardo. Ley Penitenciaria, Cocordada, Comentada Y Anotada. Fespad. 1999.
  • Caffarena, Borja Mapelli. Principios Fundamentales Del Sistema Penitenciario Español. Bosch, Casa Editorial S. A. 1983.
  • Carranza, Elías. El Sistema Penitenciario Y Alternativas A La Prisión En América Latina Y El Caribe, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1992.
  • Codigo Penal Salvadoreño.Editorial Jurídica Salvadoreña. San Salvador (2002).
  • Daien, Samuel. Régimen Jurídico Y Social De La Libertad Condicional. Editorial Bibliográfica. Buenos Aires Argentina (1947)
  • Corelesal. 1998.-Estudio Diagnostico Del Sistema Penitenciario De El Salvador.
  • Jimenez De Asúa, Luis Tratado De Derecho Penal, 2a Edición, Lozada, Buenos Aires, (1975).

 

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